Ser tratados con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier procedimiento médico, legal o de asistencia social.

Ser informados acerca de los procedimientos y se derivan del delito cometido en su contra.

Ser informados de los servicios y procedimientos de salud y protección disponibles para atender las necesidades que les haya generado el delito.

Tener acceso a un servicio de orientación calificado y gratuito para ellos y su familia.

Que se preserve su intimidad y privacidad.

No ser discriminadas por ninguna causa especialmente por los operadores de justicia y los intervinientes en el proceso judicial.